Los mercados financieros están cada vez más interrelacionados a nivel mundial, por lo que los resultados de unas elecciones nacionales no suelen condicionar su comportamiento relativo. Al menos, no al conjunto del mercado. Sí pueden impactar sobre un determinado grupo de valores que podrían ser objeto de cambios en la regulación susceptibles de condicionar la evolución futura de sus cuentas de resultados o de sus operaciones corporativas. En ocasiones, y dada la mayor internacionalización de las empresas que cotizan en nuestra Bolsa (se estima que más de un 30% de los ingresos procede de fuera de España), las cotizaciones son más sensibles a los resultados en otros países.
¿En qué puede impactar, por tanto, la victoria del PSOE? En un primer momento, debe servir para restaurar la confianza, ya que la finalización del proceso electoral terminará con la percepción de falta de datos sobre la verdadera situación de algunos sectores o empresas españolas. En los últimos meses se ha generado la idea de que se estaban retrasando declaraciones de quiebra para tratar de no condicionar la campaña o de que se ha llegado a acuerdos de rescate para evitar un escándalo.
En momento como el actual, caracterizado por una crisis de confianza a escala mundial, poco ha ayudado el proceso electoral, puesto que ha intensificado las dudas, especialmente entre los inversores internacionales, sobre la salud de nuestra economía. Además de la supresión de esta cortina de humo, a partir de ahora podremos volver a debatir sobre las perspectivas para el crecimiento del PIB sin que se sospeche de condicionalidad en el análisis por el sesgo político. O, en aquellos casos en los que exista, no debería impedir reconocer la verdadera posición cíclica de nuestra economía. Es decir, España ha dejado atrás definitivamente tasas de avance del 4% para instalarse en una fase desaceleradora que le llevará a crecer a niveles más sostenibles, y sanos, del 2,0%. Debemos admitir que este escenario central contiene riesgos, en concreto una pérdida de dinamismo más acusada. Y, por ello, se deben tomar medidas lo antes posible.
Lo primero que debería hacer el nuevo Gobierno es ser más claro en el reconocimiento de que la desaceleración económica es más intensa de lo esperado y que las previsiones de crecimiento por encima del 2,5% contienen altas dosis de optimismo. En el caso de la oposición, es necesario que acepte que algunos de los males de nuestra economía, como la inflación, no son tanto consecuencia de una mala política económica, sino fruto de un encarecimiento internacional del precio de las materias primas. Es poco lo que se puede hacer frente a esto, más allá de evitar que se active la temible espiral inflación-salarios, y para ello es necesario mantener ancladas las expectativas de los agentes (a lo que poco ayudan ciertos mensajes).
Asimismo, es necesario reconocer que el origen del diferencial de inflación está en el diferencial de crecimiento, por lo que a medida que éste se reduzca, la inflación española convergirá con la europea. Y, por último, aceptar que el endurecimiento de la política monetaria busca, precisamente, corregir un exceso de demanda, por lo que flaco favor se habría hecho si se hubiese buscando compensar el efecto negativo que sobre la renta disponible han tenido las subidas acumuladas del euríbor.
Se habla de pactos de Estado y de una nueva etapa de colaboración y entendimiento. El destino del superávit público será un buen campo de pruebas. El reducido nivel de deuda sobre PIB del Estado permite acometer una política fiscal expansiva que compense la ralentización económica. Pero existen diversas formas de aplicarla, todas ellas debatibles. ¿Incrementar el gasto o bajar impuestos?, ¿hacerlo para todas las clases sociales o sólo para las más desfavorecidas?, ¿actuar sobre los impuestos directos o sobre los indirectos?, ¿aplicarlas de forma coyuntural o estructural? En definitiva, un terreno para el debate, tal vez muy técnico pero necesario.
Sería asimismo interesante abordar algunos aspectos clave, como el abultado déficit por cuenta corriente y las dificultades de financiarlo en un entorno de crisis financiera internacional. Por último, se debería retomar una de las cuestiones más relevantes a medio plazo: el envejecimiento de la población y su impacto sobre la sostenibilidad del actual sistema de pensiones. En este sentido, es momento también para volver a hablar sobre el fondo de reserva de la Seguridad Social y la idoneidad de la correcta diversificación de los activos en los que está invertido.
David Cano Martínez. Socio de AFI (Analistas Financieros Internacionales) y director general de Afinet
